LAS MULAS DE NAPOLEÓN.

¿Comisiones investigadoras o gestión de daños?:

Cada vez que se anuncia la formación de una comisión investigadora en el Congreso, el espectáculo es el mismo: grandes declaraciones de los parlamentarios, citaciones a los involucrados, y promesas de “llegar hasta el fondo” de los hechos. Pero, ¿qué ocurre al final? Nada significativo. Todo termina pareciendo una simple “gestión de daños”, un show político que, lejos de buscar la verdad, se limita a proteger intereses partidistas de la peor Casta Política en la historia de Chile. Es el juego del empate: nadie gana ni pierde, y la ciudadanía queda igual de decepcionada y desinformada.

Estas comisiones no solo han perdido su credibilidad, sino que también evidencian un sistema donde las soluciones reales son constantemente postergadas. La pregunta es: ¿cómo rompemos este círculo vicioso? ¿Cómo nos aseguramos de que los responsables rindan cuentas y las instituciones funcionen al servicio del país? Para mí, la única respuesta está en los ciudadanos. Pero aquí surge un problema aún más grave: los votantes de hoy están cada vez más desinformados, manipulables y dispuestos a creer en soluciones mágicas a sus problemas personales.

La solución no está solo en elegir mejores representantes, sino en formar mejores ciudadanos. 

Tenemos millones de ciudadanos que han participado —al igual que las mulas de Napoleón— en decenas de "campañas", pero siguen siendo mulas. Es decir, en ningún caso, preparados para asumir la responsabilidad de, informadamente y respetando el Bien Común, elegir o votar por un Candidato. La gran mayoría, vota por instinto populista o por el candidato que, a última hora, le recomienda algún amigo o familiar.

Y aquí es donde planteo una idea: ¿qué pasaría si exigimos un mínimo de educación cívica como requisito para obtener un trabajo, al igual que lo hacemos con un examen de conducir? Un sistema en el que cada trabajador deba aprobar un examen básico de conocimientos cívicos antes de ser contratado. Derechos constitucionales, deberes ciudadanos, leyes laborales y el funcionamiento básico del Estado serían los temas centrales de esta certificación. Sin este conocimiento, no se podría acceder a un empleo formal.

Sé que suena ambicioso, pero imaginen el impacto. Un país donde cada trabajador no solo conoce sus derechos, sino que también entiende cómo exigirlos; donde cada ciudadano sabe cómo funciona el sistema y, por ende, no se deja manipular por discursos vacíos ni promesas populistas. Esto no solo fortalecería la democracia, sino que obligaría a las instituciones a ser más transparentes y eficaces.

El examen sería administrado por un organismo externo e imparcial, con resultados públicos y verificables. Aquellos que no aprueben tendrían acceso gratuito a programas de capacitación, porque el objetivo no es excluir, sino formar. Y, como un efecto adicional, este sistema permitiría identificar las deficiencias del sistema educativo, impulsando reformas que garanticen una verdadera educación cívica desde los niveles más básicos.

Sí, es una idea controvertida. Algunos la verán como coercitiva, pero creo firmemente que es una medida necesaria. Porque mientras sigamos eligiendo políticos que participan en comisiones sin resultados, mientras aceptemos que la ciudadanía es manipulable por el mejor postor o por charlatanes de fácil palabra pero sin contenido, no habrá cambio real. La transformación de Chile empieza con ciudadanos informados y conscientes de su poder.

Entonces, ¿seguiremos jugando al empate con las comisiones y los votantes desinformados, o nos atreveremos a apostar por un país donde el conocimiento cívico sea el primer paso hacia un futuro mejor? ¡Usted decide!