NO ES ASÍ COMO DICE EL CHISTE DE "EL MERCURIO".

AUNQUE YA NO ESTÁ CAROLINA TOHÁ PARA ACONSEJARLO, ES OBVIO QUE LA JEFA JURÍDICA TIENE LOS DÍAS CONTADOS.

RESULTADO DE LA "INEPTOCRACIA" SUMADA A LA "BURROCRACIA" DE UN GOBIERNO FALLIDO.

Burrocracia e Ineptocracia: El Mega Legado de Boric.

Quisiera aprovechar este espacio para reflexionar sobre dos conceptos que, aunque suenan sarcásticos, reflejan una realidad que muchos ciudadanos enfrentan día a día: la "Burrocracia" y la "Ineptocracia", dos conceptos que se suman al "Mega Legado" del Presidente Gabriel Boric.

La Burrocracia es el arte de la incompetencia organizada. Es el sistema donde lo simple se transforma en un laberinto de trámites absurdos y decisiones torpes. Los burócratas que la protagonizan parecen especializados en complicar la vida del ciudadano, diseñando procesos que desafían el sentido común. Así, lo que podría resolverse con eficiencia se convierte en una odisea kafkiana que ni siquiera el propio Kafka habría imaginado.

Si a esta peculiar situación le sumamos la Ineptocracia, donde los menos capacitados son quienes dirigen y toman decisiones, el resultado es devastador. El caos se vuelve institucionalizado, y la torpeza se convierte en política de Estado. Es como si, en lugar de rodearse de expertos, se buscara la presencia de burros especialmente entrenados en la ejecución de decisiones desacertadas.

Un ejemplo reciente que ilustra esta situación es la destitución de la senadora Isabel Allende tras el fallido intento de venta de la casa de Salvador Allende al Estado. La polémica se desató cuando se reveló que el Presidente Gabriel Boric firmó el Decreto 38, habilitando un acto jurídico inconstitucional para la compra del inmueble. Este decreto, que individualiza a los vendedores, establece el precio, la forma de pago y las condiciones de la escritura de compraventa, ha suscitado dudas sobre la responsabilidad directa del mandatario.

Aquí radica el verdadero escándalo: el Presidente Boric firmó un decreto que, por su naturaleza, autorizó un acto claramente ilegal, lo que no solo muestra una preocupante falta de asesoría jurídica en el gobierno, sino también una peligrosa tendencia a actuar primero y pensar después. ¿Cómo es posible que desde el Ejecutivo se haya promovido una transacción que contraviene la Constitución?

Aún más preocupante resulta el rol de la Contraloría, que tiene el mandato constitucional de velar por la legalidad de los actos administrativos. ¿Cómo pudo esta entidad pasar por alto un acto que a todas luces era inconstitucional? ¿O acaso se trató de una decisión política disfrazada de procedimiento administrativo? Es alarmante que los organismos encargados de fiscalizar las decisiones del gobierno actúen de manera tan negligente o, peor aún, complaciente.

Esta situación no solo afecta a la senadora socialista Isabel Allende, sino también a la Ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, quien se ha visto obligada a renunciar a su cargo como consecuencia directa de este escándalo. Esto demuestra que el impacto político y administrativo de la mala gestión ha trascendido más allá de una sola figura, afectando también al círculo cercano del propio presidente.

Además, no podemos dejar de mencionar el evidente signo de codicia demostrado por la familia Allende durante este fallido proceso de compra. Originalmente, la primera oferta presentada fue rechazada por los propietarios, quienes exigieron un precio mayor por la casa. Esta postura solo evidencia que, más allá de cualquier supuesto valor simbólico o histórico del inmueble, el interés económico predominó en las negociaciones.

En otras palabras, en el caso de la casa de Allende, quedará para la Historia que Allende, la hija y la nieta violaron la Constitución. No solo fueron incapaces de reconocer la ilegalidad del acto, sino que además promovieron un proceso donde lo económico estuvo por sobre cualquier consideración ética o política.

El Tribunal Constitucional determinó que Isabel Allende infringió la Constitución, lo que llevó a su destitución. Sin embargo, en medio de la indignación del Partido Socialista y el desconcierto en La Moneda, surge la gran pregunta: ¿podría esta situación desencadenar una acusación constitucional contra Gabriel Boric? Aunque la oposición ha manifestado que existen fundamentos para considerar su responsabilidad política y jurídica, por ahora no hay un proceso formal en su contra, pero el debate continúa.

La gestión de este caso refleja de manera elocuente cómo la Burrocracia y la Ineptocracia se combinan para crear un escenario donde la incompetencia parece ser la única constante. Cuando estos dos fenómenos se combinan, el ciudadano queda atrapado en un proceso interminable en el que la eficiencia es una promesa jamás cumplida. La Burrocracia provee la maraña de trámites, mientras la Ineptocracia coloca al frente a los personajes menos capacitados para desatarlos.

Es como los burros de Napoleón, que a pesar de haber estado en mil campañas, seguían siendo burros. Así también, en este contexto, aunque ciertos personajes hayan pasado por numerosas gestiones y cargos públicos, siguen demostrando la misma incompetencia y falta de criterio.

Esta situación no solo afecta la gestión pública, sino también la confianza en las instituciones. Tal vez sea hora de replantearnos quiénes están tomando las decisiones y bajo qué criterios se establecen los procesos administrativos. Es fundamental exigir responsabilidad y eficiencia, pero, sobre todo, liderazgo capaz y comprometido.