LEY DE INTELIGENCIA PARA PROTEGER A LOS POLÍTICOS.

Título: "La Urgencia de una Ley de Inteligencia en Chile: Protegiendo los Derechos y Coordinando la Seguridad".

Introducción:

En medio de la creciente preocupación por la falta de regulación de los servicios de inteligencia en Chile, surge un debate sobre la necesidad de establecer una Ley de Inteligencia que defina claramente los límites y responsabilidades de estas agencias gubernamentales. Sin embargo, detrás de esta discusión subyacen los intereses particulares de algunos legisladores y jueces que podrían ver en esta regulación una amenaza para sus prácticas corruptas o prevaricadoras.

Desarrollo:

Contexto Histórico:Desde el retorno a la democracia en 1989, Chile carece de una legislación específica que regule las actividades de inteligencia, lo que ha generado inquietudes sobre posibles abusos y falta de transparencia en el manejo de información sensible.

Importancia de una Ley de Inteligencia: Una Ley de Inteligencia podría proporcionar un marco legal claro para supervisar y controlar las actividades de los servicios de inteligencia, garantizando así el respeto de los derechos individuales y las libertades civiles.

Temores de los Legisladores y Jueces: Sin embargo, algunos legisladores y jueces corruptos o prevaricadores podrían ver en esta regulación una amenaza para sus intereses particulares, que se apartan de la ley y el bien común. El establecimiento de una Ley de Inteligencia podría poner al descubierto prácticas indebidas o ilegales, lo que podría generar resistencia por parte de aquellos que se benefician de la falta de regulación.

Ejemplos Internacionales: En países como Estados Unidos, Francia y Alemania, los servicios de inteligencia operan bajo leyes específicas que establecen controles y salvaguardias para proteger los derechos de los ciudadanos.

Desafíos y Consideraciones: El proceso de elaboración y aprobación de una Ley de Inteligencia en Chile enfrentaría desafíos como el equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos, así como la necesidad de consenso político y social.

Protección y Coordinación en la Ley de Inteligencia:

Además de establecer controles y regulaciones para los servicios de inteligencia, una Ley de Inteligencia en Chile debería incluir disposiciones para garantizar la protección de quienes integran estos servicios y de la comunidad de inteligencia en su conjunto. Esto implica establecer salvaguardias para proteger la identidad y seguridad de los agentes de inteligencia, así como garantizar que sus actividades estén sujetas a supervisión y control adecuados para evitar abusos.

Asimismo, la ley debería establecer mecanismos claros de coordinación entre los servicios de inteligencia y otras instituciones, como las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Fuerza Pública (Carabineros y Policía de Investigaciones). Estas instituciones, al ser empleadas en la seguridad del orden público, no solo tienen acceso a información sensible, sino que también deben operar bajo reglas claras y conocidas, como las Reglas de Uso de la Fuerza, para garantizar el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en todas sus acciones sin cohibir y menos impedir el legal y necesario uso y superioridad de la fuerza. La coordinación efectiva entre los servicios de inteligencia y estas instituciones es crucial para garantizar una respuesta integral y eficaz a las amenazas a la seguridad nacional y al orden público.

Conclusión:

El prolongado retraso en la promulgación de una Ley de Inteligencia en Chile no solo refleja la falta de voluntad política para abordar una necesidad urgente en el sistema legal del país, sino que también socava la confianza de la sociedad civil en sus instituciones. La ausencia de una regulación clara y transparente para los servicios de inteligencia deja a la población vulnerable a posibles abusos y violaciones de sus derechos individuales, al tiempo que perpetúa la impunidad para aquellos que se benefician de la falta de seguridad. Esta demora en la implementación de la ley, junto con la presencia de prevaricadores y la falta de una justicia equitativa, agrava aún más esta situación. Es una afrenta a los principios democráticos y al Estado de derecho, y exige una acción inmediata por parte de las autoridades para garantizar la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos chilenos que hoy claman desgarradoramente, por una mayor seguridad y el control del crimen organizado, el narcoterrorismo y el secuestro en pueblos, barrios y calles donde la presencia del Estado no es efectiva o simplemente ha dejado de existir.

Finalmente, desde el año 2019, (Diario Austral de Temuco, Araucanía Noticias y Diario La Tercera y El Mercurio), he sostenido firmemente que con la actual clase política, la presencia de prevaricadores que han ensuciado la acción del Poder Judicial y Reglas de Uso de la Fuerza que solo protegen al delincuente o terrorista, la promulgación de una eficiente y efectiva Ley de Inteligencia en Chile seguirá siendo una utopía. La realidad es que para que este escenario se convierta en una posibilidad tangible, se requerirían cambios profundos en el sistema político y judicial del país. Esto incluiría la consolidación de un sistema de partidos políticos más sólido y realmente representativo, la eliminación de la doble justicia que perjudica a los exuniformados, quienes aún son sometidos a un sistema judicial que dejó de existir en 2005 y que no garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la presunción de inocencia. Un inquisidor sistema de justicia que deja en total indefensión al acusado y fomenta la escandalosa y hasta ahora, no investigada, prevaricación y venganza de algunos abogados, fiscales y jueces ideologizados políticamente. Además, es fundamental promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones. Hasta que estos aspectos fundamentales no sean abordados de manera efectiva, la promulgación de una Ley de Inteligencia en Chile seguirá siendo una aspiración lejana y poco realista.

No puede ser, que todo lo que hoy comento este siendo reemplazo por la autoridad y poder infinito de un Fiscal Nacional que, con sus solos comentarios, para bien o para mal, influye en el destino y resultado de cualquier investigación.

En otros países, especialmente aquellos con sistemas judiciales y de aplicación de la ley bien establecidos, es común que los fiscales nacionales o procuradores generales desempeñen un papel importante en la investigación de delitos y el procesamiento de casos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Fiscal General y los fiscales federales tienen amplios poderes para investigar y enjuiciar delitos graves, incluidos aquellos relacionados con la seguridad nacional y el crimen organizado. En otros países como Alemania y Francia, los fiscales también tienen autoridad para llevar a cabo investigaciones penales y trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia cuando sea necesario. La colaboración entre fiscales y agencias de inteligencia es fundamental para garantizar una respuesta efectiva a la delincuencia y proteger la seguridad nacional en cualquier país.

Lo anterior, que ocurre en otros países, es lo más cercano a lo adecuado, pero en Chile no tenemos una Comunidad sólida de Inteligencia que permita esa acción o coordinación, todo ello, en desmedro de nuestra seguridad, soberanía e intereses nacionales, en manos -en gran parte- del mediático y único Fiscal Nacional que tenemos, junto con una cuestionable y desprestigiada Agencia Nacional de Inteligencia. 

Lo que hoy vivimos -por cuestiones políticas- es el resultado del irresponsable y completo desmantelamiento de una Comunidad de Inteligencia que existía hasta los años 80, reemplazándolo por una oficina dedicada a hacer análisis de fuentes abiertas, sin capacidad operativa y al servicio político del gobierno de turno. Todo ello, amparado por los políticos.

En resumen, una Ley de Inteligencia que nunca llegará, y de llegar, lamentablemente, una vez más, nos pasarán gato por liebre. El gato, se hará cargo de un nuevo ministerio de seguridad engañando a la ciudadanía al prometer un ministerio que supuestamente se ocuparía de garantizar la seguridad pública en general, pero que en realidad se dedicará, principalmente, a la inteligencia política del gobierno de turno, es decir, a proteger los intereses políticos del gobierno en lugar de velar por la seguridad ciudadana. La liebre, seguirá siendo esa utopía que nunca veremos.

Mientras tanto: