SISTEMA JUDICIAL OBSOLETO E INQUISIDOR EXCLUSIVO PARA CONDENAR EXUNIFORMADOS Y FOMENTAR LA PREVARICACIÓN EN VENEFICIO DE FISCALES Y JUECES IDEOLOGIZADOS.
Copio carta enviada a mi WSP y que hasta ahora no ha sido publicada en "El Mercurio":
MARGARET SATTERTHWAITE
RELATORA ESPECIAL DE LAS ONU
Sr. Director:
En carta publicada en El Mercurio con fecha 27 de Julio, firmada por el Sr. Alejandro Vera Quilodrán, Presidente de la Asociación de Magistrados de Chile, hace presente acerca del cuidado que habría que tener con las opiniones vertidas en diferentes medios de comunicación y redes sociales en relación a los Fallos, Dictámenes y/o Resoluciones emanados de los jueces y juezas de nuestro país.
Lo anterior debido a que próximamente tendremos en nuestro país la visita de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los operadores de Justicia. Agrega que dichas opiniones no apuntan a las razones de la decisión sino a imputaciones subjetivas de carácter personal que podrían haberse emitido con el único objeto de restar legitimidad a las resoluciones o a generar descredito injustificado a la labor judicial.
Nada mas alejado de la realidad. Quienes hemos levantado la voz, lo hemos hecho criticando algunas resoluciones y condenas de determinados Magistrados empoderados como Ministros en Visita Extraordinario que mediante el empleo discriminatorio de un sistema judicial obsoleto, inquisidor, donde actúan como acusador y juez a la vez, donde la parte acusada, en este caso miembros subalternos de las FFAA, tiene escasos recursos de defensa y acceso a los expedientes.
Si Sr. Director, lo hemos hecho precisamente para que de una vez por todas se enmiende la plana, se recupere el prestigio de nuestro estado de derecho y se deje de aplastar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas utilizando medios probatorios o figuras ficticias como el secuestro permanente, o basándose en meras presunciones, o reabriendo causas ya juzgadas, o por el solo hecho de pertenecer a las FFAA, o aplicando convenios internacionales de DDHH inexistentes a la fecha de la ocurrencia de los hechos que se investigan, entre otras tantas acciones y actitudes reñidas con el prestigio que el Sr. Vera dice perseguir.
Florian Silva Campusano.
Sobre ministro Álvaro Mesa Latorre
Señor Director:
No conozco personalmente al juez don Álvaro Mesa, pero la página web de la Universidad Austral de Chile donde cursa un doctorado dice que es Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, título de abogado que le otorgó la Corte Suprema en 1991; que es docente; que desde 2011 es Ministro en Visita extraordinaria para Investigar Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos en el periodo 1973-1989 y que, además, fue presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco.
También sé de él por lo que aparece en la prensa: “Ministro Álvaro Mesa condena a 12 años de presidio a detective (r) por secuestro calificado en Temuco”; “Ministro Álvaro Mesa condena a presidio perpetuo a oficial de la FACH (r) por homicidios en Fundo El Toro”; “Ministro Álvaro Mesa condena a 5 años de presidio a ex fiscal militar por apremios ilegítimos con resultado de muerte”; Ministro Álvaro Mesa condena a suboficial de Carabineros (r) como encubridor de homicidio de agricultor”; “Ministro Álvaro Mesa procesa a suboficial de Ejército (R) por homicidio en Carretera Austral”; “Ministro Álvaro Mesa condena a boina negra del ejército (r) a 10 años de presidio por apremios ilegítimos en Traiguén”; “Ministro Álvaro Mesa condenó a 13 militares (r) por homicidio calificado de estudiantes en Angol”; “Ministro Álvaro Mesa condena a carabineros (r) por detención ilegal y apremios ilegítimos en Castro”; “Ministro Álvaro Mesa dicta acusación en contra de ocho militares (r) por homicidio de conscripto en faldeos del volcán Villarrica”.
Estos titulares son algunos de los cientos de noticias que encontré sólo el último año sobre el juez. A simple vista, asumo que su trabajo es investigar, culpar y encarcelar a uniformados que trabajaron directa o indirectamente en el gobierno militar.
Digo culpar y encarcelar porque no encontré ninguna noticia que exculpara a alguien o que le aplicara alguna de las normas del derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Como soy periodista, no me puedo quedar con la data superficial, por lo que escribo esta carta con algunas preguntas.
El 2005, el Sistema de Procesamiento Penal fue sustituido por la Reforma Procesal Penal, por ser calificado unánime y transversalmente como un sistema inquisitivo, ineficiente y que vulneraba el debido proceso. ¿Por qué, entonces, militares y otros uniformados siguen siendo enjuiciados por una práctica obsoleta? ¿No merecen un sistema judicial transparente, apolítico y alineado a los estándares internacionales?
¿Por qué tampoco se les aplica la Ley de Amnistía General, que se encuentra formalmente vigente y ha favorecido a cientos de terroristas en nuestro país? ¿Por qué no se les ha concedido la Prescripción, principio que dispone un límite de tiempo para que se puedan perseguir legalmente ciertos delitos; ni se les ha administrado la doctrina de la Cosa Juzgada, que establece que un caso ya resuelto por una sentencia firme no puede ser reabierto?
Seguramente el juez dirá que, para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estos corresponden a “delitos de lesa humanidad”, por lo que no son prescriptibles y mucho menos amnistiables, pudiendo ser reabiertos y reconsiderados a pesar de haberse emitido sentencias en el pasado.
Sin embargo, dicha norma, que entró en vigencia en Chile el 1 de septiembre de 2009, dice: “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”. O sea, ningún delito de 1973 y posteriores entraría en esta categoría. ¿Estarán siendo, entonces, policías y miliares injustamente condenados, intencionalmente perseguidos y evidentemente vulnerados en sus derechos fundamentales, los que el juez proclama y jura resguardar?
Quizás el ministro tendrá respuestas claras, objetivas y apegadas a derecho para mis preguntas. Él conoce las normas mejor que yo; una simple periodista, hija de un hombre bueno de 74 años, casado hace 47 con mi mamá, padre de 3 hijas y abuelo de 8 nietos que fue sentenciado por el juez Mesa, en primera instancia, a 13 años de cárcel por un hecho de hace medio siglo que ya había sido juzgado, cuyo autor confeso recibió una condena de 10 años y a quien sí se le aplicó la Prescripción en su momento por parte de la Corte Suprema.
¿No es paradójico que el ministro le dé una pena mayor y sin beneficios a quien en más de 10 mil fojas que tiene la investigación no se le ha acreditado que estuviera en el lugar de los supuestos hechos, participara de ellos o supiera que se cometería un delito?
En la sentencia, el juez Mesa argumenta una “Presunción Judicial” y dice que: “No importa la función que cumpliera, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”. ¿Eso significa que mi padre deberá pasar casi el resto de su vida en la cárcel sólo por haber sido un subteniente de 23 años destinado en un regimiento de Angol en 1973? ¿Qué debería haber hecho o qué alternativa tenía? ¿Acaso las presunciones judiciales no deberían ser consecuencia de hechos conocidos y probados y no meras suposiciones, conjeturas o especulaciones?
¿Es bajo ese mismo supuesto relativo y arbitrario que el ministro Mesa, contraviniendo lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, modificó sin aviso y secretamente el cargo de “encubridor” -por el que mi padre llevaba más de una década defendiéndose- a una calidad mayor de “cómplice”?
Insisto, no soy abogada, soy periodista, y quizás por eso hago tantas preguntas y veo la necesidad de obtener esas respuestas como un bien social, ya que el primer “deber ser” de mi profesión es estar “al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos”. Al parecer en algo podríamos estar de acuerdo.
El señor juez también tiene un “deber ser”, que parte por investigar, con igual afán, no sólo las circunstancias que establecen la responsabilidad de un inculpado, sino también aquellas que le eximen, extinguen o atenúan, asegurándonos a todos los chilenos y chilenas que seremos juzgados con parámetros jurídicos objetivos, sin prejuicios ni privilegios, salvaguardando nuestros derechos fundamentales seamos profesores, periodistas, ingenieros, abogados o uniformados. ¿O acaso el Estado de Chile no garantiza a estos últimos la independencia del Poder Judicial? El juez Mesa, ¿lo garantiza?
Claudia Fuentes Bozzolo.
LA FUERZA MILITAR NEUTRALIZADA. (Pinche sobre el título)
REFLEXIÓN:
Hemos visto cómo en Chile la Justicia y sus integrantes, cada día con mayor frecuencia, son investigados por drogas, prevaricación, estafas, conductas impropias, cohecho, manipulación de pruebas, tráfico de influencia, etc.
Con esa situación, que es solo la punta del iceberg y donde es muy difícil investigar por existir una Corte Suprema que se desentiende del tema y un Fiscal Nacional mediático disponible solo para temas políticos, resulta lógico preguntarse en manos de quién están los exuniformados perseguidos por un sistema judicial que dejó de existir el año 2005, donde además se utiliza la retroactividad expuria y la ficción jurídica para juzgar a quienes no tienen ninguna posibilidad de defenderse, porque solo basta haber pertenecido a una organización Armada para ser condenado a cadena perpetua, sin haber demostrado ningún crimen o violación de Derechos Humanos.
COPIO AQUÍ OTRA CARTA, QUE LAMENTABLEMENTE, NO HA SIDO PUBLICADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LA CUAL FUE ENVIADA:
El día en que prevalezca la verdad
Señor Director:
En relación con el intercambio de cartas entre la diputada Lorena Fries y el presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro, la Sra. María Alicia Ruiz-Tagle Orrego, en cartas al director del diario El Mercurio, se ha referido entre otros aspectos a: “la desazón que siente ante la sostenida degradación de la noble causa de protección de los Derechos Humanos”, mencionando una suerte de instrumentalización ideológica verdadera arma para conseguir objetivos políticos.
En otra parte de su carta, señala: “Descargar tras 50 años, toda esa furia contenida en jóvenes uniformados de la época está en las antípodas del espíritu de la Declaración de Derechos Humanos que dice (la diputada) honrar.”
Qué nobleza la de la Sra. María Alicia quien, habiendo sido afectada por el sufrimiento de un hermano, se expresa sin rencor para alcanzar la ansiada verdad y paz.
Actualmente, son muchos los procesados y condenados, oficiales subalternos, entre los que me encuentro, cabos y soldados conscriptos, quienes sometidos a un sistema judicial procesal ya obsoleto en nuestro país, son perseguidos en forma inquisitiva mediante un juez que investiga, procesa y condena, llegando incluso a imponer la pena de presidio perpetuo, alterando todas las reglas de un sistema de justicia moderno, no respetando el debido proceso y no aplicando leyes vigentes, saltándose todas las normas que actualmente rigen el proceso penal de aplicación común para los chilenos, fundamentando sentencias en pruebas carentes de veracidad, presunciones, ficciones jurídicas y aplicación de jurisprudencia extranjera.
Así, condenados octogenarios pasan los últimos años de vida hacinados en recintos penitenciarios sin beneficios y muriendo en prisión, y que solo después de presentar recursos de protección ante la falta de trato humanitario, la ILTM Corte Suprema ha dictaminado modificar algunas medidas que no se condicen con leyes vigentes y compromisos internacionales a los que son sometidos en las cárceles.
Para alcanzar la verdad y la justicia, se espera que los poderes del estado especialmente el judicial, actúen en consecuencia y mantenga la confianza ciudadana validando el estado de derecho.
CARLOS OVIEDO ARRIAGADA.
También es increíble que al ministro Mesa, a pesar de todos sus "excesos" jurídicos y no aceptación de pruebas, que demuestran inocencia de muchos militares condenados por él, no sea observado por sus estamentos superiores.
ResponderBorrarEllo demuestra una grave injusticia que nadie es capaz de rectificar .
Si eso en algún momento llega a suceder, será muy tarde para aquellos inocentes que han recibido y siguen recibiendo su venganza. ¿Quién responderá de ello? Ese.