MÁS ALLÁ DEL ARZOBISPO FERNANDO CHOMALÍ.

Corrupción y el deber ciudadano. Un llamado claro y directo:

Este miércoles 18 de septiembre, durante el Te Deum Ecuménico, el Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, hizo un llamado a un gran acuerdo nacional para enfrentar los desafíos que afectan a Chile: la seguridad y la corrupción. En su primera homilía como arzobispo, expresó su preocupación por el aumento de los delitos violentos y subrayó que la división política y social abre espacios al crimen organizado. Igualmente, denunció los recientes escándalos de corrupción que han indignado a la ciudadanía, dañando la fe pública y afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, Con todo el respeto que el Arzobispo de Santiago merece, considero que este llamado a enfrentar los "gérmenes de corrupción" podría abordarse de manera más clara y directa. El término utilizado, "gérmenes", sugiere la idea de una epidemia que afecta a la sociedad de manera abstracta, cuando en realidad, no estamos frente a una enfermedad desconocida, sino ante prácticas específicas de corrupción que involucran a personas e instituciones bien definidas.

Creo, puedo estar equivocado, que una autoridad como el Arzobispo Chomalí, ante la gravedad de lo que sucede en Chile, debiera dejar de lado los eufemismos y ser muy directo. 

Los responsables de lo que hoy sucede en Chile, como personas, instituciones y organizaciones, están claramente identificadas y es a ellas, a quienes debemos hablarle claro, fuerte y directo

¿Dónde están esos "gérmenes"?

Es hora de dejar de hablar en términos vagos y abordar directamente las "prácticas de corrupción" que han erosionado la democracia chilena. No se trata de una entidad abstracta o de una condición que afecta a la sociedad por azar. La corrupción no se comporta como una epidemia; tiene responsables: individuos e instituciones. Y es ahí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos si realmente queremos avanzar.

Si mencionamos a figuras como José Antonio Kast y Michelle Bachelet, ¿cuál de ellos tiene un historial de prácticas corruptas comprobadas? Esta es la pregunta que deberíamos plantear de manera clara. De igual forma, si comparamos a los partidos Chile Vamos y Republicanos, ¿cuál de ellos está marcado por una lista de acciones corruptas? Estas son discusiones esenciales para tener si queremos que el discurso contra la corrupción sea más que retórica vacía y también, para poder elegir bien. 

El problema con el llamado a un "gran acuerdo nacional".

Además, me parece completamente inadecuado hacer un llamado a un "gran acuerdo nacional" cuando, justamente, quienes serían parte de este acuerdo son los mismos grandes facilitadores de la crisis actual, y en algunos casos, coludidos con la corrupción. Es difícil concebir cómo las mismas personas que han sido parte del problema puedan ahora presentarse como quienes ofrecen la solución. La ciudadanía merece un acuerdo basado en integridad, no en pactos entre aquellos que han erosionado la confianza pública.

Más allá de las palabras del Arzobispo Chomalí, para mi resulta más doloroso promover un "Gran Acuerdo Nacional", en manos de los corruptos y excluyendo a quienes no lo son. Más pareciera ser otro "arreglin" entre la derecha y la izquierda para proteger sus intereses y perpetuar su control sobre el sistema, tal como lo hicieron el 15 de noviembre del 2019 con el "Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución:

Por el contrario, no me es doloroso y sí esperanzador no haber visto ni a José Antonio Kast ni a Republicanos sentados en esa mesa, más arreglada que una de cumpleaños.

Para los que tienen mala memoria, en dicha mesa, entre otros, podemos observar a Jacqueline van Rysselberghe, Catalina Pérez, Jaime Quintana, Mario Desbordes, Gabriel Boric, Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, Jaime Bellolio, Ricardo Lagos Weber, Pablo Vidal, Natalia Castillo, Marcelo Díaz, Leonardo Soto, Erick Astorga, Sebastián Vergara, Guido Girardi, Francisco Chahuán, Andrés Allamand, Paulina Núñez, Gonzalo Fuenzalida,  Felipe Kast, Juan Antonio Coloma,  Fuad Chahín, Hernán Larraín Matte, Matías Walker, Ricardo Celis, Giorgio Jackson, Gonzalo Blumel, Francisco Huenchumilla y así varios más, hasta completar 39 políticos que firmaron dicho documento.

Las instituciones también deben ser parte del debate.

El problema de la corrupción no se limita solo a la política, pero debemos ser justos en nuestras observaciones. Hay instituciones que, como tales, han demostrado que no aceptan la corrupción dentro de sus integrantes. Ejemplos claros de ello son las Fuerzas Armadas y de Orden, así como Bomberos, instituciones que están muy lejos de las malas prácticas de protección corporativa. Al contrario, estas entidades han dado muestras claras de que no protegerán a quienes no cumplan con sus estrictos reglamentos y exigencias éticas. Esto contrasta con otras organizaciones donde la corrupción ha encontrado espacio para florecer debido a la falta de medidas claras y contundentes.

El rol del ciudadano: Exigir justicia y elegir bien.

Este no es un problema que se pueda resolver con un "exorcismo masivo", donde cada institución y persona expíe sus culpas en un solo acto simbólico. Se trata de una cuestión de justicia real, donde los ciudadanos deben asumir un papel activo, no solo exigiendo transparencia y rendición de cuentas, sino también eligiendo a líderes que estén dispuestos a luchar por la recuperación de Chile. No podemos seguir eligiendo a aquellos que se confeccionan un traje a la medida de sus propios intereses.

Las soluciones están frente a nosotros, pero debemos ser capaces de reconocerlas. Y eso comienza con un compromiso real hacia el bienestar colectivo. Si continuamos priorizando intereses personales sobre el bien común, nunca podremos soñar con un Chile más seguro, con mejor educación, trabajo digno y una salud accesible para todos.

Pensar en el país, no en uno mismo.

El verdadero cambio no ocurrirá hasta que dejemos de pensar únicamente en lo que es mejor para cada uno de nosotros y empecemos a pensar en lo que es mejor para Chile. Este es el primer paso hacia una dirección correcta. Mientras continuemos enfocados en nuestros propios intereses, los problemas estructurales como la corrupción seguirán proliferando.

Reflexión final: La Constitución de 1980, las leyes de seguridad y el abuso político.

Es aquí donde radica una de mis mayores preocupaciones. A lo largo de los años, hemos visto cómo los políticos, en su afán de perpetuar sus intereses, desmantelaron la Constitución de 1980. Esta Constitución, con capítulos dedicados a proteger la democracia y las instituciones, fue modificada y alterada bajo la excusa de eliminar los llamados "enclaves de la dictadura". Sin embargo, en muchos casos, estas modificaciones no fueron más que un pretexto para permitir que los mismos políticos pudieran utilizar la estructura del país para el beneficio partidista y en colusión con sectores corruptos de la economía.

Un claro ejemplo de esto es la incapacidad, tanto de este gobierno como de los anteriores, de sacar adelante leyes vitales para la seguridad e inteligencia del país. Pareciera que contar con un organismo adecuado de seguridad asusta a los políticos, pues temen que develaría las prácticas corruptas que ellos mismos amparan. Del mismo modo, no han sido capaces de aprobar unas adecuadas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que protejan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden en lugar de beneficiar a los delincuentes. Es más fácil para ellos perseguir y encerrar a un uniformado que a un terrorista.

También es difícil ignorar los actos de corrupción cometidos o avalados por el actual gobierno, que ha promovido el clientelismo, favoreciendo a amigos y parientes mediante puestos y cargos públicos, en un claro pago de favores políticos. A esto se suma la promoción de un relato unilateral de la historia de Chile en los últimos 60 años, sin una sola autocrítica hacia los políticos que nos llevaron al enfrentamiento en los años 70, permitiendo la creación de organizaciones terroristas y movimientos políticos violentos que utilizaron las armas y el asesinato para imponer sus convicciones.

Finalmente, los miles de millones de pesos que se han gastado para promover actos "supuestamente culturales" buscan justificar la delincuencia y el violento estallido social de octubre de 2019. Se han producido películas y obras teatrales que validan movimientos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros grupos similares, distorsionando la historia en beneficio de una agenda política que solo perpetúa la división.

La solución no está en los peores evaluados.

Es importante destacar que la solución no vendrá de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. Políticos, el poder judicial, el Congreso y los partidos políticos, entre otros, son consistentemente vistos con desconfianza y desaprobación. En cambio, instituciones como las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Bomberos o el Registro Civil gozan de altos niveles de aprobación y confianza. Es preocupante que justamente estas instituciones, que han demostrado ser confiables, no sean consideradas como parte de la solución a los problemas que enfrenta el país. Ignorar su rol y su aporte potencial es un error que no podemos darnos el lujo de cometer.

Sobre los detalles de la opinión del Arzobispo de Santiago,  Fernando Chomalí, aquí puede leer una excelente entrevista publicada en El Líbero:

ARZOBISPO FERNANDO CHOMALÍ: NO VEO OTRA SALIDA A LA CRISIS.

Y más allá de exponer el problema, dejo también aquí una proposición de solución a la crisis, o al menos un básico esqueleto,  para implementarla con los músculos adecuados que puedan poner en movimiento un cuerpo robusto:

Para controlar y terminar con la crisis, un enfoque más integral y realista podría incluir los siguientes pasos:

1. Reestructuración de la clase política y fortalecimiento de instituciones confiables:

Dado que uno de los problemas fundamentales es la desconfianza en los políticos, es esencial realizar reformas profundas en el sistema político, que incluyan mecanismos de mayor transparencia y rendición de cuentas, así como la eliminación de la corrupción a través de organismos independientes de control.

Fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y otras instituciones bien evaluadas en términos de su integridad. Estas instituciones deben jugar un papel activo en la reconstrucción de la seguridad y la confianza.

2. Incluir a los actores no políticos en las soluciones:

Involucrar a actores de la sociedad civil, instituciones académicas, Fuerzas Armadas, y organizaciones que no estén involucradas en la crisis, pero que tengan un historial de servicio a la nación, como Bomberos y Carabineros.

La clase media, que ha sufrido los efectos de la crisis, debe tener una voz fuerte en la discusión, ya que son los más afectados y los que requieren soluciones reales y sostenibles.

3. Reformas legislativas urgentes en seguridad e inteligencia:

Aprobar rápidamente leyes de seguridad que permitan un control efectivo del crimen, incluyendo reformas en el sistema de inteligencia y en las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), para proteger a las fuerzas de seguridad y a los ciudadanos.

Crear una agencia nacional de inteligencia moderna, capaz de prever y neutralizar amenazas internas y externas, evitando que la delincuencia organizada y el terrorismo continúen desestabilizando el país.

4. Crisis ética y liderazgo renovado:

Promover un liderazgo que realmente tenga una visión de bien común y que trabaje para el país y no para intereses partidistas o personales. Esto incluye incentivar a nuevos liderazgos jóvenes y honestos, tanto en la política como en otras áreas, que no estén contaminados por las prácticas actuales de corrupción y clientelismo.

Implementar un sistema educativo que forme a los jóvenes en valores cívicos, éticos y morales, que prepare a futuros líderes para enfrentar la corrupción y garantizar la estabilidad democrática.

5. Un enfoque pragmático y no meramente simbólico en los acuerdos:

Si bien el llamado a un "gran acuerdo nacional" puede tener buenas intenciones, debe ir acompañado de acciones concretas, no solo de diálogo. Las propuestas deben ser específicas y medibles, con plazos claros para su implementación.

La colaboración de todos los sectores debe estar basada en la meritocracia y en una responsabilidad compartida, pero excluyendo a quienes han sido responsables directos de la crisis.

En resumen, la solución no puede depender únicamente de los mismos políticos que generaron la crisis. Es necesaria una acción multidimensional que involucre a instituciones que aún cuentan con la confianza del pueblo y que son capaces de implementar medidas efectivas de seguridad y justicia. Los actores responsables deben ser excluidos de posiciones de poder y se debe promover un liderazgo basado en la integridad y el compromiso con el bien común.