27F: JUSTICIA A CONVENIENCIA: IMPUNIDAD PARA UNOS, PERSECUCIÓN PARA OTROS.

PRENSA LOCAL: ANIVERSARIO DEL 27F

27F: 15 años de impunidad para los "Agentes del Estado" equivocados.

"...A 15 años del 27F, la tragedia no solo dejó escombros y muerte, sino también una herida abierta en la justicia chilena. Mientras los responsables políticos de la negligencia que costó más de 150 vidas siguen libres e intocables, exuniformados son condenados sin pruebas, solo por haber servido al país. ¿Por qué algunos "agentes del Estado" son protegidos y otros perseguidos hasta la muerte? En Chile, la justicia no es ciega… es selectiva..."

A pocos días de otro aniversario del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, es inevitable recordar no solo la devastación de aquella madrugada, sino también la absoluta impunidad con la que se cubrió a los responsables políticos de la tragedia.

Aquella noche, el Gobierno de Michelle Bachelet, su Ministro del Interior y todos los encargados de la gestión de emergencias fallaron estrepitosamente. No hubo alerta oportuna de tsunami, no hubo evacuación efectiva, no hubo liderazgo ni coordinación. La negligencia fue criminal. Mientras la Armada sabía que las olas venían, en Dichato un funcionario de la ONEMI paseaba con un megáfono asegurando a la gente que no había riesgo, minutos antes de que el mar los arrasara. Resultado: más de 150 muertos por el tsunami.

Cientos de familias siguen llorando a sus muertos, otros lucharon por años esperando justicia, y algunos fueron indemnizados en acuerdos oscuros que jamás podrán reemplazar el vacío de sus seres queridos. La justicia nunca llegó para ellos.

Pero lo más indignante es que sí hay familias sufriendo condenas injustas… solo que no son las del 27F.

Son las familias de exuniformados condenados con ficciones jurídicas, donde no se necesita prueba, solo pertenecer a una unidad militar en la época de los hechos. Condenados a cadena perpetua sin haber estado presentes, sin haber dado órdenes, sin haber participado directamente en nada. Se los persigue con una brutalidad implacable, con un sistema judicial que desapareció en 2005 pero que se sigue aplicando solo para ellos. Sus esposas, sus hijos y sus nietos han sido arrastrados a un sufrimiento que no tiene fin, porque la venganza disfrazada de justicia no conoce límites y solo termina con la muerte.

Para muchos, la prisión no es más que una cárcel de exterminio, donde la edad avanzada y las enfermedades hacen el trabajo que la justicia no puede justificar con pruebas reales. Allí no se busca justicia, se busca venganza. Y no es un secreto: hasta los mismos líderes de la izquierda lo han reconocido.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, exguerrillero del Movimiento Tupamaro, y su esposa, Lucía Topolansky, también exmiembro de ese grupo terrorista, admitieron públicamente que en su país hubo acusaciones fraudulentas para incriminar a exmilitares. Su confesión tardía no hace más que confirmar lo que ya sabíamos y que ocurre de manera idéntica tanto en Chile como en Argentina. La macabra persecución judicial contra exuniformados no es un acto de justicia, sino un internacional acto de venganza política disfrazada de derecho.

¿Por qué, entonces, Michelle Bachelet y su equipo no corrieron la misma suerte? Eran "agentes del Estado", tenían responsabilidad de mando, eran sus órdenes las que se ejecutaban y, bajo su negligencia, murieron más de 150 personas en el tsunami. Pero a diferencia de los exuniformados, a ellos la justicia los protegió.

Si se aplicara el mismo criterio judicial, hoy todos los responsables del 27F deberían estar en la cárcel, condenados sin pruebas específicas, solo por haber formado parte del Gobierno de turno. Si se castiga con esa lógica a los exmilitares, entonces que se haga lo mismo con los civiles, o que no se haga con nadie.

El 27 de febrero no solo dejó una tragedia humana, sino también una herida en la justicia de Chile. Porque mientras algunos son condenados con juicios políticos, otros, con crímenes comprobados por negligencia, siguen libres, intocables y sin asumir su responsabilidad.

Las familias de los caídos en el tsunami siguen esperando justicia y las familias de los exuniformados condenados por temas de Derechos Humanos, siguen esperando la verdadera justicia.