EL LODO MORAL: EN LA MONEDA, EN EL GOBIERNO, EN EL CONGRESO, EN LA JUSTICIA, EN LA CASTA POLÍTICA.

Los “errores” de las autoridades: una república de impunidad y cinismo

Hay errores y errores. En Chile, si eres un alto funcionario, un juez, un político o simplemente estás cerca del poder, tus errores se explican, se comprenden, se diluyen. Pero si fuiste soldado, marinero, aviador o carabinero —incluso hace más de 50 años— tus “errores” se persiguen como delitos de lesa humanidad, aunque jamás hayas empuñado un arma contra un civil.

Hoy, El Mercurio nos regala dos joyas del cinismo institucional chileno. Veamos:

1. La jueza, el venezolano, el crimen y el escándalo.

Un ciudadano venezolano, vinculado al Tren de Aragua, ingresó ilegalmente a Chile, fue acusado de participar en el asesinato por encargo de un comerciante y quedó libre por un "error" de la jueza. El resumen:

“Jueza remitió una orden de prisión preventiva, luego anuló esa resolución y minutos más tarde envió una tercera en que reponía la medida cautelar.”

Demasiadas versiones, demasiados minutos... y el criminal ya había desaparecido. ¿Error judicial o infiltración del crimen organizado?

“La magistrada Irene Rodríguez se declaró ‘inocente’ y descartó ‘dolo’.”

Y así, sin más. Nadie la suspendió. Nadie la destituyó. Nadie exigió que se revisen todos sus fallos anteriores. Tampoco salió el ministro de Justicia a denunciar la “falla del sistema”. Todo se trata como una "anécdota institucional".

2. El director del SII y el "error" de pagar menos contribuciones.

El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, reconoció que durante nueve años su propiedad en Paine estuvo subvalorada, y por ende pagó menos contribuciones. No por él, claro. La culpa, dice, es del SII. Es decir: culpa al servicio que él mismo dirige. Su explicación textual:

“Uno puede haber cometido errores, pero lo más importante es que yo cumplí con lo que la ley dice (...) Yo he actuado como un ciudadano común.”

¿Ciudadano común? Un chileno que vive en una propiedad de más de 5.000 m² cerca de la laguna de Aculeo, con dos viviendas, piscina y cancha, que no estaban registradas correctamente en el catastro. Según reportaron diversos medios, el avalúo fiscal pasó de 158 millones a 339 millones de pesos, y las contribuciones se triplicaron al regularizar la situación (527 m² construidos). Todo esto durante nueve años sin control alguno.

Etcheberry afirma que entregó todos los antecedentes hace más de una década y que el problema fue que el SII nunca los procesó. ¿Y? Nada. ¿Renuncias? ¿Sumarios? ¿Denuncias por evasión? Por supuesto que no. Al revés: los medios recogen su versión sin ironía, sin escepticismo, sin memoria.

Y no es un caso aislado. Hace cuatro años, el programa Informe Especial denunció que la senadora Isabel Allende no pagaba ni un peso en contribuciones por una casa de descanso en Curacaví, falsamente inscrita como terreno agrícola. Allí no se había registrado un solo metro de construcción: ni la vivienda, ni la piscina. En la Dirección de Obras de la comuna afirmaron que “jamás ha regularizado”. Pero eso no impidió que, años después, desde el Congreso, la misma senadora afirmara con total impunidad:

“Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, conflictos de intereses, en lucros, en negociados.”

Todo esto, por supuesto, requiere de una mala memoria selectiva, esa que abunda entre quienes han vivido toda su vida en el poder, blindados por apellidos, prensa amiga y convenientes lagunas administrativas. Y mientras eso ocurre, se intenta además transformar en museo la antigua casa de Salvador Allende, con fondos públicos y sin consenso nacional, lo que provocó una fuerte controversia y terminó costándole el cargo a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández Allende. La polémica escaló tanto que terminó con un hecho inédito en la historia legislativa chilena: en 2025, la senadora Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional tras haber firmado un contrato de compraventa de la casa de su padre, Salvador Allende, con el Estado, con el fin de transformarla en museo nacional. Aunque la compraventa no se concretó, la sola celebración del contrato configuró una causal de cesación del cargo, ya que los parlamentarios tienen prohibido celebrar contratos con el Estado. Con ello, Isabel Allende se convirtió en la primera senadora en ser destituida por un fallo del Tribunal Constitucional., al considerarse que no podía continuar fiscalizando un ministerio directamente vinculado a intereses familiares.

Ambos casos —Etcheberry y Allende— revelan un patrón:

Propiedades subdeclaradas durante años.

Conexión directa con el poder político o institucional.

Culpa al sistema, no a quien se benefició del error.

Omisiones que solo salen a la luz gracias a investigaciones periodísticas o denuncias parlamentarias.

En resumen: dos caras de una misma moneda. Una elite política y técnica que exige transparencia y cumplimiento, pero que no aplica los mismos estándares a sí misma. Y cuando se descubre la irregularidad, simplemente alega desconocimiento o errores administrativos.

Mientras tanto, al chileno común que se retrasa en pagar contribuciones o declara mal un avalúo menor, le cae todo el peso de la ley.

Pero si un soldado se equivoca…

Ahora comparemos. Esta misma semana:

“Cinco exfuncionarios de la FACh fueron enviados a prisión preventiva por tráfico de ketamina. Habrían realizado dos envíos antes de ser descubiertos.”

Cinco suboficiales —entre más de 200 mil integrantes que componen las Fuerzas Armadas y de Orden— no hacen verano. Lo que debe destacarse es que ninguna de estas instituciones ha protegido jamás a quienes delinquen o rompen su juramento de honor. Por el contrario, son ellas las primeras en investigar, perseguir, detener y denunciar ante la justicia cuando alguno de sus miembros comete delitos o hay indicios fundados de ello. No existen defensas corporativas, como sí ocurrió en La Moneda con el caso Monsalve, donde se intentó dilatar la denuncia de un hecho delictual, dando tiempo y ventaja al delincuente y no a la víctima.

Todo esto ocurre en medio de decenas de casos de corrupción política que hoy están siendo investigados. Y si no fuera por la filtración de un audio, muchos aún creerían que el Poder Judicial es poco menos que una institución divina. Y si de corrupción e inconsecuencia hablamos, ni hablar de los partidos políticos y de esa vieja y corrupta Casta Política, cuyos tentáculos y malas prácticas se extienden transversalmente desde la derecha económica hasta la izquierda caviar.

Como dijo Mosciatti…

El periodista Tomás Mosciatti lo resumió con precisión y coraje en su reciente editorial:

“Exijo, eventualmente, no ser juzgado por un juez o magistrado delincuente. Como dicen los abogados, déjeme dar razón de mis dichos.”

Y agregó:

“Nosotros, los ciudadanos, estamos obligados a acatar sentencias que no nos agradan, que muchas veces consideramos injustas, pero las acatamos porque el Estado de Derecho y la convivencia pacífica y civilizada así lo exige. Todo esto se rompe, si quien cumple esas tan altas funciones, si quien decide el destino de los demás, es él un delincuente. Un delincuente que goza de impunidad.”

¿Acaso necesitamos más pruebas de que el sistema judicial chileno está podrido en varios niveles? ¿De que hay fiscales con agenda, jueces ideologizados y un Poder Judicial completamente permeable al poder de turno o al crimen organizado?

El Estado deformado según Carlos Peña.

Y mientras tanto, desde su habitual tribuna académica, Carlos Peña nos ofrece otro diagnóstico elegante, culto y distante. En su columna "Un Estado deformado" publicada hoy, afirma:

“Una jueza liberando, por descuido o decisión, a un sicario; militares transportando drogas; miles de ciudadanos timando al erario público con licencias. Nada de esto ocurriría si existiera lo que Spengler llamó un ‘Estado en forma’. El problema es cómo restablecerlo.”

Bonito. Brillante incluso, para quienes disfrutan del lenguaje rebuscado y de las citas eruditas que no incomodan a nadie. Pero, como es costumbre, Peña nombra el problema sin responsabilizar a los actores. Habla del ethos perdido, del debilitamiento de la forma estatal, pero jamás apunta con claridad a los partidos que han colonizado las instituciones, a los jueces que actúan con sesgo ideológico, ni a los fiscales que usan su poder como arma política. Y menos a los gobiernos que pactan con el crimen organizado mientras predican moral desde La Moneda.

Carlos Peña no come ni deja comer. Escribe con belleza, sí, pero al final nunca da una solución ni respalda a quienes, con coraje, intentan proponer una. A todo proyecto que no venga desde su orilla, lo acusa de populismo, autoritarismo o ignorancia. Así, su intelectualismo termina siendo parte del mismo problema que denuncia: un Estado sin forma, sin fuerza, sin coraje.

Cuando el país se sigue hundiendo en este lodo moral, hay que preguntarse: ¿cuánto más aguantaremos los chilenos antes de exigir una limpieza profunda, una nueva clase dirigente, y el fin de esta república de la impunidad?