ANTES DE OPINAR ¿CONOCE LAS PROPUESTAS DE GOBIERNO DE REPUBLICANOS?

Propuestas del Partido Republicano para Gobernar Chile desde 2026.

El Partido Republicano ha sido etiquetado muchas veces desde fuera como “ultraderecha”, pero esa es una clasificación política impuesta por sectores adversarios y no corresponde a lo que el propio partido declara ni a la naturaleza de su programa. Su doctrina está basada en principios republicanos clásicos: defensa de la democracia, fortalecimiento del Estado de Derecho, libertad económica, seguridad pública, responsabilidad fiscal y valores conservadores que han formado parte de la esencia institucional de Chile desde su fundación. No hay en sus textos ni en su liderazgo ninguna propuesta que busque alterar la democracia, concentrar el poder o vulnerar derechos fundamentales. La caricatura ideológica ha sido un arma política, no una descripción real.

En esa misma línea, cuando José Antonio Kast habla de un “Gobierno de Emergencia”, no se refiere a un gobierno autoritario ni a un estado de excepción permanente. Lo que propone es un gobierno amplio, transversal y orientado a enfrentar la grave crisis de seguridad, económica y social que vive el país. Kast ha sido explícito: no será un gobierno “de los republicanos para los republicanos”. Será un gobierno integrado también por Demócratas, Amarillos, sectores de Chile Vamos e independientes técnicos, donde distintas sensibilidades colaboren en la reconstrucción nacional. La emergencia es social, no institucional. La propuesta es ordenar, unir y recuperar, no dividir. Lo urgente es devolver la seguridad, recomponer los servicios del Estado, reactivar la economía y restaurar la confianza pública. Esto requerirá decisiones difíciles y sacrificios, y Kast lo ha dicho: habrá tensiones y descontentos, pero es parte del deber de un liderazgo que antepone el bien común por sobre los cálculos partidistas.

En materia de seguridad, el Partido Republicano propone un plan contundente para enfrentar el crimen organizado y recuperar el orden en todo el país. Esto incluye endurecer penas, eliminar narcofunerales, combatir el tráfico de armas, restringir beneficios carcelarios para delincuentes de alta peligrosidad y reforzar la persecución patrimonial al narcotráfico. Carabineros y la PDI serán fortalecidos con respaldo jurídico, mayor dotación, mejor tecnología y sistemas modernos de inteligencia. También se busca recuperar el espacio público, intervenir zonas críticas y restablecer el control territorial donde el Estado ha sido desplazado.

Frente a la crisis migratoria, el plan “Escudo Fronterizo” considera vigilancia tecnológica permanente, cierre definitivo de pasos no habilitados, coordinación con Fuerzas Armadas para el resguardo fronterizo y expulsión inmediata de inmigrantes con antecedentes. La política migratoria se orientará a un ingreso regular, ordenado y evaluado según el aporte real al país.

En el ámbito económico, el programa se centra en una reactivación basada en responsabilidad fiscal y eficiencia del Estado. Se propone reducir el gasto político, eliminar burocracias innecesarias, combatir la corrupción en fundaciones y programas, y destinar los recursos a los servicios esenciales. La modernización del Estado contempla digitalización, ventanilla única y responsabilidad efectiva del funcionario público ante negligencias graves. Además, se plantea una reforma pro-inversión, mayor libertad económica, incentivos a pymes, atracción de capital y una política activa de concesiones en infraestructura, vivienda, hospitales, cárceles y puertos.

En salud, la prioridad será reducir drásticamente las listas de espera mediante acuerdos con especialistas, mejoras en la gestión hospitalaria e inversión en atención primaria. En educación, el foco será recuperar aprendizajes, reforzar lenguaje y matemáticas, y garantizar libertad de enseñanza, apoyando el derecho de las familias a elegir.

En materia social, Kast ha sido categórico: no habrá regresiones. La Pensión Garantizada Universal no se toca, tampoco los años de servicio ni los derechos laborales adquiridos. Se promoverán políticas de apoyo a adultos mayores, familias vulnerables y personas con discapacidad. El énfasis del ajuste fiscal es contra el gasto político, no contra la protección social.

En justicia, se propone modernizar el sistema penal, acelerar los tiempos de tramitación, fortalecer la Fiscalía y terminar con el garantismo que impide enfrentar el delito con firmeza. La lucha contra la corrupción será un pilar central, con más transparencia, fin del cuoteo político y sanciones reales a quienes malversen recursos públicos.

El programa también impulsa el desarrollo energético y tecnológico, especialmente la promoción del hidrógeno verde y las alianzas estratégicas para aprovechar el potencial de regiones como Magallanes. En vivienda, busca acelerar subsidios, fomentar la construcción privada y eliminar trabas urbanísticas.

Finalmente, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, se promueve una institucionalidad respetada, moderna y profesional, con reglas claras de uso de la fuerza, mejor equipamiento y un rol activo en la protección de fronteras y apoyo logístico en situaciones de alta complejidad. Todo ello dentro de un marco democrático pleno.

Este conjunto de propuestas configura una hoja de ruta orientada a recuperar el país desde la seguridad, la responsabilidad fiscal, la eficiencia del Estado y la protección social, articulando un gobierno que convoque a diversas sensibilidades y que asuma con seriedad el desafío de enfrentar la crisis más profunda de las últimas décadas.