CORRUPCIÓN Y EL DEBER CIUDADANO.

Corrupción y el deber ciudadano. Un llamado claro y directo:

Este miércoles 18 de septiembre, durante el Te Deum Ecuménico, el Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, hizo un llamado a un gran acuerdo nacional para enfrentar los desafíos que afectan a Chile: la seguridad y la corrupción. En su primera homilía como arzobispo, expresó su preocupación por el aumento de los delitos violentos y subrayó que la división política y social abre espacios al crimen organizado. Igualmente, denunció los recientes escándalos de corrupción que han indignado a la ciudadanía, dañando la fe pública y afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, con todo el respeto que el Arzobispo de Santiago merece, considero que este llamado a enfrentar los "gérmenes de corrupción" podría abordarse de manera más clara y directa. El término utilizado, "gérmenes", sugiere la idea de una epidemia que afecta a la sociedad de manera abstracta, cuando en realidad, no estamos frente a una enfermedad desconocida, sino ante prácticas específicas de corrupción que involucran a personas e instituciones bien definidas.

¿Dónde están esos "gérmenes"?

Es hora de dejar de hablar en términos vagos y abordar directamente las "prácticas de corrupción" que han erosionado la democracia chilena. No se trata de una entidad abstracta o de una condición que afecta a la sociedad por azar. La corrupción no se comporta como una epidemia; tiene responsables: individuos e instituciones. Y es ahí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos si realmente queremos avanzar.

Si mencionamos a figuras como José Antonio Kast y Michelle Bachelet, ¿cuál de ellos tiene un historial de prácticas corruptas comprobadas? Esta es la pregunta que deberíamos plantear de manera clara. De igual forma, si comparamos a los partidos Chile Vamos y Republicanos, ¿cuál de ellos está marcado por una lista de acciones corruptas? Estas son discusiones esenciales para tener si queremos que el discurso contra la corrupción sea más que retórica vacía.

El problema con el llamado a un "gran acuerdo nacional".

Además, me parece completamente inadecuado hacer un llamado a un "gran acuerdo nacional" cuando, justamente, quienes serían parte de este acuerdo son los mismos grandes corruptos que han facilitado la crisis actual. Es difícil concebir cómo las mismas personas que han sido parte del problema puedan ahora presentarse como quienes ofrecen la solución. La ciudadanía merece un acuerdo basado en integridad, no en pactos entre aquellos que han erosionado la confianza pública.

Las instituciones también deben ser parte del debate.

El problema de la corrupción no se limita solo a la política, pero debemos ser justos en nuestras observaciones. Hay instituciones que, como tales, han demostrado que no aceptan la corrupción dentro de sus integrantes. Ejemplos claros de ello son las Fuerzas Armadas y de Orden, así como Bomberos, instituciones que están muy lejos de las malas prácticas de protección corporativa. Al contrario, estas entidades han dado muestras claras de que no protegerán a quienes no cumplan con sus estrictos reglamentos y exigencias éticas. Esto contrasta con otras organizaciones donde la corrupción ha encontrado espacio para florecer debido a la falta de medidas claras y contundentes.

El rol del ciudadano: Exigir justicia y elegir bien.

Este no es un problema que se pueda resolver con un "exorcismo masivo", donde cada institución y persona expíe sus culpas en un solo acto simbólico. Se trata de una cuestión de justicia real, donde los ciudadanos deben asumir un papel activo, no solo exigiendo transparencia y rendición de cuentas, sino también eligiendo a líderes que estén dispuestos a luchar por la recuperación de Chile. No podemos seguir eligiendo a aquellos que se confeccionan un traje a la medida de sus propios intereses.

Las soluciones están frente a nosotros, pero debemos ser capaces de reconocerlas. Y eso comienza con un compromiso real hacia el bienestar colectivo. Si continuamos priorizando intereses personales sobre el bien común, nunca podremos soñar con un Chile más seguro, con mejor educación, trabajo digno y una salud accesible para todos.

Pensar en el país, no en uno mismo.

El verdadero cambio no ocurrirá hasta que dejemos de pensar únicamente en lo que es mejor para cada uno de nosotros y empecemos a pensar en lo que es mejor para Chile. Este es el primer paso hacia una dirección correcta. Mientras continuemos enfocados en nuestros propios intereses, los problemas estructurales como la corrupción seguirán proliferando.

Reflexión final: La Constitución de 1980, las leyes de seguridad y el abuso político.

Es aquí donde radica una de mis mayores preocupaciones. A lo largo de los años, hemos visto cómo los políticos, en su afán de perpetuar sus intereses, desmantelaron la Constitución de 1980. Esta Constitución, con capítulos dedicados a proteger la democracia y las instituciones, fue modificada y alterada bajo la excusa de eliminar los llamados "enclaves de la dictadura". Sin embargo, en muchos casos, estas modificaciones no fueron más que un pretexto para permitir que los mismos políticos pudieran utilizar la estructura del país para el beneficio partidista y en colusión con sectores corruptos de la economía.

Un claro ejemplo de esto es la incapacidad, tanto de este gobierno como de los anteriores, de sacar adelante leyes vitales para la seguridad e inteligencia del país. Pareciera que contar con un organismo adecuado de seguridad asusta a los políticos, pues temen que develaría las prácticas corruptas que ellos mismos amparan. Del mismo modo, no han sido capaces de aprobar unas adecuadas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que protejan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden en lugar de beneficiar a los delincuentes. Es más fácil para ellos perseguir y encerrar a un uniformado que a un terrorista.

También es difícil ignorar los actos de corrupción cometidos o avalados por el actual gobierno, que ha promovido el clientelismo, favoreciendo a amigos y parientes mediante puestos y cargos públicos, en un claro pago de favores políticos. A esto se suma la promoción de un relato unilateral de la historia de Chile en los últimos 60 años, sin una sola autocrítica hacia los políticos que nos llevaron al enfrentamiento en los años 70, permitiendo la creación de organizaciones terroristas y movimientos políticos violentos que utilizaron las armas y el asesinato para imponer sus convicciones.

Finalmente, los miles de millones de pesos que se han gastado para promover actos "supuestamente culturales" buscan justificar la delincuencia y el violento estallido social de octubre de 2019. Se han producido películas y obras teatrales que validan movimientos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros grupos similares, distorsionando la historia en beneficio de una agenda política que solo perpetúa la división.

La solución no está en los peores evaluados.

Es importante destacar que la solución no vendrá de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. Políticos, el poder judicial, el Congreso y los partidos políticos, entre otros, son consistentemente vistos con desconfianza y desaprobación. En cambio, instituciones como las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Bomberos o el Registro Civil gozan de altos niveles de aprobación y confianza. Es preocupante que justamente estas instituciones, que han demostrado ser confiables, no sean consideradas como parte de la solución a los problemas que enfrenta el país. Ignorar su rol y su aporte potencial es un error que no podemos darnos el lujo de cometer.