LA FALACIA DEL MONIGOTE.

La falacia del monigote.

Por Álvaro Ortúzar, abogado.

Ni su condición de egresado de Derecho -por más que haya transcurrido mucho tiempo- ni el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley que hizo al asumir el cargo de jefe del Estado fueron obstáculo para que el Presidente Boric ordenara celebrar un contrato expresamente prohibido. La larga cadena de espoliques, funcionarios y abogados, sujetos a la misma obligación de conocer y aplicar normas elementales, callaron. Descarto la ignorancia de la ley porque nadie puede alegarla, pero además porque hasta el más mínimo sentido común indica que el Estado y los ministros y parlamentarios no pueden tener conflictos de interés (nada más visible en una compraventa, en que se enfrentan, bajo el estímulo de la sana codicia, el vendedor, que quiere el mayor precio y el comprador, que aspira al más bajo). Para evitar este peligro desde hace más de 100 años que existe la prohibición de ciertos funcionarios de contratar con el Estado. La consecuencia constitucional es la dejación forzada del cargo. En Derecho Civil, dichas autoridades son consideradas incapaces absolutas (en sentido jurídico, por cierto), para celebrarlo, a tal punto que la nulidad del contrato debe declararla el juez de oficio, o pedirse por cualquiera (es una acción popular).

Como solución, el Estado y la ministra y senadora, han anunciado que resciliarán la operación (algo así como “aquí no ha pasado nada”). Pero lo cierto, aunque se pregone otra cosa, es que el contrato se celebró y el Estado pagó el precio. La cláusula quinta de la escritura pública dice: “La parte compradora paga el precio de venta en este acto al contado a la parte vendedora, quien declara recibirlo a su entera satisfacción, y en consecuencia declara íntegramente pagado el precio de la compraventa”. Este es el único hecho que la Constitución exige para que operen las sanciones de pérdida del cargo.

No obstante, el Presidente, sus ministros y la senadora han argüido explicaciones que los estudiosos del discurso jurídico llaman falacias argumentales. Primero, sugirieron que la operación era perfectamente válida porque el control de legalidad había sido ejercido por la Contraloría, infiriendo que, por provenir el permiso de la autoridad responsable de esa revisión, queda justificada su propia ignorancia de la Constitución y la ley y el quebrantamiento flagrante de sus normas. El argumento de autoridad, desde John Locke, filósofo y pensador (Siglo XV), se conoce como una falacia ad verecundiam. Luego, apelaron a que la compra materializaba un sentido anhelo del pueblo de preservar la memoria del expresidente Allende, adquiriendo su casa para museo. Se sostiene, en este caso, que la opinión general valida el acto nulo, pero ello no es sino una demagógica falacia ad populum. Hoy dicen que no se perfeccionó el contrato, que existió buena fe, que no se alcanzó a pagar el precio. No puede haber un intento más evidente de confundir a la ciudadanía, distrayendo la verdad jurídica con pistas falsas acerca de su legitimidad. Y esta es la famosa “falacia del monigote”.

El artículo de Álvaro Ortúzar, que también podría referirse "al hombre de paja", es una pieza contundente y bien fundamentada que denuncia, con precisión jurídica y claridad argumentativa, las irregularidades en la compraventa cuestionada por el Presidente Boric y su equipo. Ortúzar no solo expone los hechos desde una perspectiva legal rigurosa, sino que también desarma los intentos del gobierno por justificar sus actos mediante falacias argumentales, como la ad verecundiam, la ad populum y, de manera central, la falacia del monigote.

Su análisis destaca por combinar un enfoque técnico con un lenguaje accesible, lo que permite al lector comprender la gravedad de lo ocurrido: la violación de normas elementales que protegen la probidad del Estado. Ortúzar argumenta de manera convincente que estas acciones no solo vulneran principios constitucionales, sino que reflejan un preocupante intento por confundir a la ciudadanía y desviar la atención de la verdad jurídica.

El mérito del texto radica en cómo desenmascara, con ironía sutil y argumentos sólidos, las inconsistencias del discurso oficial, logrando una crítica que trasciende lo político y se inscribe en la defensa del Estado de Derecho. Es un llamado claro a la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública, que resalta la importancia de proteger los fundamentos legales y éticos en la conducción del país.

NOTA:

Álvaro Ortúzar es un abogado chileno con más de 40 años de experiencia en litigios civiles, comerciales y de libre competencia. Es socio fundador de la firma Ortúzar, Vergara & Boetsch (OVB) Abogados y ha participado en importantes conflictos legales en diversos sectores económicos. También se ha desempeñado como árbitro y asesor legal.

En el ámbito académico, ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, además de autor del libro El Abuso del Derecho ante la Constitución (2003). Su trayectoria ha sido reconocida por instituciones como Chambers & Partners.

Ortúzar contribuye regularmente con columnas en medios como La Tercera, donde aborda temas jurídicos y de actualidad.