LA INMORALIDAD DEL PODER JUDICIAL.

ACTUALIZADO AL 13.OCT.2024:

Frase clave:

"Muñoz nos recuerda, casi con soberbia, que la interpretación de la ley es un 'arte'. Me pregunto si ese 'arte' también incluye la capacidad de intimidar a todo un Congreso con un par de declaraciones bien calculadas."

Este tipo de lenguaje genera una reflexión inevitable: ¿Hasta dónde llega la autoridad de un juez que se autoproclama intocable?

PINCHE AQUÍ 👉: CUANDO EL DERECHO SE CONVIERTE EN AMENAZA.

12.0CT.2024:

EN CUANTO AL NIVEL DE MORALIDAD, ¿QUÉ DIFERENCIA TIENEN CON LOS DELINCUENTES?

"Blindaje Corporativo: Cuando el Poder protege a los que más fallan"

Al respecto, no veo gran diferencia entre las acciones inapropiadas de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y las del actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Es más, me parece que el caso de Valencia es aún peor, ya que mientras más alto es el grado de conocimiento, experiencia y responsabilidad, más grave debería considerarse la falta. Así debería ser, ¿o no? Sin embargo, lo que observamos es justamente lo contrario: mientras al que tiene menos responsabilidad lo juzgan y condenan sin contemplaciones, al que ostenta mayor poder, todos en el sistema parecen movilizarse para brindarle apoyo, protegerlo y salvarlo corporativamente.

Es como si se hubieran invertido los roles, donde la ley cae con toda su fuerza sobre los de menor rango, mientras que los de arriba gozan de una especie de blindaje colectivo, sin importar la magnitud de sus faltas. Esta dinámica no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que deja en claro que, para muchos, el verdadero crimen no es el acto en sí, sino no tener el rango suficiente para salir bien librado.

"ZIGZAGUEO VIOLENTO"

¿Qué les quizo decir el abogado Cristobal Osorio a los integrantes de la Corte Suprema?

El abogado Cristóbal Osorio no se anduvo con rodeos cuando les soltó a los ministros de la Corte Suprema la frase del "zigzagueo violento", una manera fina de decirles que lo que decían un día, lo desmentían al siguiente. Les insinuó que no eran precisamente modelos de coherencia: lo que escribían con la mano, lo borraban con el codo. "Aquí lo que ocurre es que se ve un zigzagueo muy violento a la propia decisión de ustedes", fue su crítica, casi como un recordatorio de que la consistencia no es su fuerte.

Claro, no es que a los supremos les haya hecho mucha gracia que los metiera a todos en el mismo saco. Y con razón, porque si uno mira de cerca, quizás esta "teoría del empate" no les funciona tan bien como quisieran. La incomodidad era palpable. Porque aunque ellos aún no están oficialmente mencionados en el escándalo de los audios, seguro que la idea de esta "inquisición ciudadana" los mantiene inquietos.

Lo más irónico de todo es que parece que no han terminado de captar que, en buena medida, ellos son los responsables del desastre que está ocurriendo en el sistema judicial. Años de corrupción, prevaricación, malas prácticas y una evidente politización los han dejado expuestos. ¿Y al final del día? Da la sensación de que lo que realmente los mueve es lo de siempre: el dinero y el poder. Pero claro, eso es solo una duda razonable, ¿o no?

¿Cuál es la moral que respalda al Poder Judicial? Nada menos que uno de los tres poderes del Estado que tiene la menor aprobación ciudadana de todas las instituciones de Chile. ¡Vergüenza Nacional!

Guardan silencio, hacen declaraciones falsas, mienten y se retractan. Condenan, aplicando para ex uniformados, una justicia que dejó de existir el 2005, inventan ficciones jurídicas, no respetan el debido proceso, ni las prescripciones, ni la "Cosa Juzgada", condenan sin pruebas concretas y "solo por haber pertenecido al Ejército", aceptan los montajes periodísticos y los falsos testimonios, no consideran las pruebas de inocencia ni los DD.HH. de los inculpados, arman las salas para dictar sentencias con jueces políticamente ideologizados y su fin último, para varios de ellos, pareciera ser solo el poder y el dinero. 

Además de vestir distintos y ubicarse en lugares diferentes en las Salas de los Tribunales de la supuesta Justicia -algunos de ellos- ¿que diferencia tienen con los delincuentes?

La sociedad chilena, gracias a la labor de los medios de comunicación, ha sido testigo del deterioro del sistema judicial, en el que la Corte Suprema y los sucesivos Ministerios de Justicia han permitido, e incluso fomentado, prácticas corruptas que han socavado la confianza pública. Durante años, se ha revelado una alarmante red de irregularidades, prevaricación y delitos cometidos por jueces y fiscales, rodeados por un círculo de complicidad formado por secretarios, actuarios, abogados y personal administrativo, quienes han optado por el silencio, ya sea por miedo, cobardía o falta de garantías para denunciar.

El desprestigio del sistema judicial, conocido por gran parte de la ciudadanía, ha sido alimentado por la evidente politización de algunos jueces que, buscando favores políticos, han condenado sin miramientos a exuniformados en procesos que poco tienen de justicia y que se han convertido en una condena psicológica permanente para sus familiares. Esos mismos jueces, conocidos tanto por sus fallos en casos de derechos humanos como por sus oscuros vínculos, ahora se preparan para abrir cientos de nuevos casos, perpetuando un sistema injusto que persigue a quienes sirvieron al país en condiciones extremadamente difíciles.

Mientras tanto, las Reglas de Uso de la Fuerza siguen favoreciendo a delincuentes y terroristas, limitando la capacidad de respuesta de Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuyas acciones son constantemente puestas en juicio por organismos de derechos humanos que responden a los mismos intereses políticos. Así, el sistema judicial, en lugar de garantizar la seguridad y el orden, se ha convertido en una herramienta más de persecución política, beneficiando solo a unos pocos a expensas del bienestar de la nación.

Es urgente que la sociedad chilena exija una revisión profunda y completa de su sistema judicial, para que la justicia recupere su verdadero propósito: garantizar un proceso equitativo, imparcial y libre de influencias políticas.

Corte Suprema: 10 jueces concentran el 58% de los fallos atrasado.

¡¡OBVIO‼️

Si por años -con ficciones jurídicas- se han dedicado a perseguir exuniformados, militares y carabineros, a hacer negocios y millonarias fortunas con amigos y familiares.

Y no solo eso, además dedicar una gran cantidad de su tiempo para inventar mentiras y no ser sorprendidos en sus reprochables prácticas. ¡no ha sido fácil la pega!

Total que más da, igual se van a ir forrados en plata y solo con un par de rayones de pintura, que no les impedirá gozar sus fortunas y decenas de propiedades.

Pero el daño que le hicieron a la Justicia y a más de algún inocente, no será gratis y menos para los que aún "no se han ganado" un Puesto en la Corte Suprema. La Justicia tarda, pero llega.

La venganza política por sobre el genuino deseo de justicia.

En este mes de septiembre, que ya casi termina, ha sido imposible para el Gobierno de Boric, que el “tema militar” inunde las Redes Sociales y los Medios de Comunicación. Peor aún para ellos, cuando a nadie han convencido con un relato sesgado y totalmente politizado, intentado además, con malas artes, adueñarse del mes de la Patria.

Al respecto, la izquierda y especialmente los comunistas, tienen una responsabilidad histórica con Chile, el que por falta de una verdadera e imparcial justicia, sigue dividido.

Una historia que comienza con

la diferencia en la aplicación de los indultos presidenciales durante el Gobierno Militar y el trato desigual hacia los exuniformados, en diferentes períodos de la historia reciente de Chile. Mientras a muchos terroristas y extremistas que cometieron actos violentos como asesinatos, secuestros y atentados se les respetaron los indultos otorgados, los exuniformados que también fueron indultados -motivados por el sector político ya nombrado- han sido perseguidos y encarcelados en las última décadas. Situación que refleja el abuso de la justicia con claras motivaciones políticas e ideológicas.

Durante el Gobierno Militar, se concedieron indultos a individuos involucrados en actos terroristas. Sin embargo, tras el retorno a la democracia, la justicia chilena comenzó a perseguir a exuniformados que ya habían sido indultados, ignorando deliberadamente estos indultos. Este trato asimétrico genera una sensación de injusticia, reforzando la idea de que la justicia en Chile ha sido manipulada con un claro sesgo ideológico.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta persecución judicial ha sido la aplicación de la retroactividad de la ley, algo que es considerado ilegal en cualquier Estado de derecho. A pesar de los principios jurídicos que prohíben la aplicación de leyes retroactivas, en muchos casos la justicia chilena ha recurrido a este mecanismo para condenar a exuniformados por actos que, en el momento en que ocurrieron, no eran considerados delitos bajo la legislación vigente. Esta aplicación de la retroactividad ha sido una herramienta clave en la persecución de exmilitares, carabineros y policías, en un proceso que parece estar motivado más por venganza política que por un deseo genuino de justicia.

A esto se suma el uso de un sistema judicial paralelo, previamente derogado, que se ha reactivado específicamente para juzgar a exuniformados. Este sistema, obsoleto y con garantías procesales limitadas, ha sido empleado para condenar a personas que cumplían con órdenes superiores en un contexto de grave convulsión social. Además, en algunos casos, se ha recurrido a la ficción jurídica, condenando a exuniformados solo por haber pertenecido a una unidad militar, sin que existan pruebas claras de su participación directa en los hechos.

Otro abuso ha sido la reapertura de casos ya juzgados, que se han reactivado bajo la figura de crímenes de lesa humanidad, lo que permitió eludir los principios de cosa juzgada y prescripción. Esto ha llevado a que exuniformados, muchos de ellos en edad avanzada y con problemas de salud, enfrenten largos procesos judiciales, a pesar de que sus casos ya habían sido cerrados.

Por otro lado, los terroristas y extremistas que participaron en actos de violencia extrema contra uniformados y civiles han sido amparados en los indultos y han gozado de libertad sin mayores consecuencias. Muchos de estos individuos, responsables de actos de terrorismo diseñados para desestabilizar al Estado, han sido rehabilitados e incluso ocupan cargos en la vida pública y política del país, lo que contrasta notablemente con el trato hacia los exuniformados.

Este desequilibrio no solo es injusto hacia aquellos que sirvieron al Estado en condiciones difíciles, sino que también perpetúa una narrativa histórica incompleta. Los uniformados que fueron atacados o asesinados no estaban en medio de enfrentamientos armados, sino que fueron víctimas de emboscadas y atentados por el simple hecho de portar un uniforme y cumplir con su deber de mantener el orden. Sin embargo, sus historias no están reflejadas en los museos de la memoria ni en los relatos oficiales.

La manipulación de la justicia, mediante la retroactividad de la ley, la creación de ficciones jurídicas y el uso de un sistema judicial paralelo, ha permitido la persecución de exuniformados mientras que a los terroristas se les ha otorgado impunidad. Esta aplicación desigual de la justicia ha generado una profunda división en la sociedad chilena, perpetuando una memoria fragmentada y selectiva de los acontecimientos históricos.

Para que haya una verdadera reconciliación en Chile, es crucial que se aplique la justicia de manera imparcial. No puede haber un trato diferenciado para los crímenes cometidos por el Estado y los crímenes cometidos por grupos terroristas. Todos los crímenes deben ser juzgados con el mismo rigor, y todas las víctimas, sin importar su rol, deben ser reconocidas. Los indultos otorgados a los exuniformados deben ser respetados de la misma manera que se respetaron los indultos a los terroristas.

Solo cuando se aplique la justicia de manera equitativa, sin manipulación política, será posible avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional. La memoria histórica debe incluir a todas las víctimas, sin distinciones ideológicas, y así construir una memoria completa, equilibrada y justa, que honre el sufrimiento de todos los chilenos que vivieron los años de violencia política.