LA CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL, AL AMPARO Y COLUSIÓN CON LA POLÍTICA.

SEÑOR DIRECTOR: (Fuente: "La Tercera").

En el último capítulo del programa Tolerancia Cero, el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, manifestó que el principal objetivo de la reforma procesal penal, de aplicación en todo Chile desde el año 2005, fue transparentar el debido proceso y terminar con la corrupción.

Cabe hacer presente, una vez más, que en la actualidad los juicios denominados de DD.HH., mediante los que se procesan y condenan a ex uniformados, son llevados mediante el antiguo sistema procesal penal inquisitivo, donde un juez investiga, procesa, acusa y condena, vulnerando gravemente el debido proceso y las garantías constitucionales.

¿No será tiempo que, a más de 20 años de la implementación de la reforma procesal penal, impere la igualdad ante la Ley, se respete el debido proceso y se elimine de una vez por todas el atisbo de corrupción presente en los procesos llevados en contra de ex miembros de las FF.AA.?

Juan Pablo Oviedo Stegmann.

Abogado.

ANTECEDENTES:

Desde el regreso a la democracia, un resumen crítico de alguno de los casos más emblemáticos y controvertidos del Poder Judicial en Chile (por fechas).

"...Los juicios politizados y la presión mediática de la izquierda han distorsionado la justicia, convirtiendo el análisis objetivo de los hechos en una cacería de brujas, sacrificando a cientos de exuniformados en el altar de la conveniencia política..."

1. Caso del sacerdote Fernando Karadima (2010)

El escándalo de abuso sexual que involucró al sacerdote Fernando Karadima fue uno de los más emblemáticos de la Iglesia Católica en Chile. Sin embargo, la respuesta del Poder Judicial fue lenta e ineficaz, permitiendo que el caso se cerrara bajo el argumento de la prescripción de los delitos, pese a la gravedad de las acusaciones. La falta de diligencia de los jueces durante años, al ignorar o minimizar las denuncias, permitió que un depredador sexual escapara de la justicia durante décadas. Esto expone la ineficiencia del sistema judicial para proteger a las víctimas en casos de abuso de poder.

2. Caso John O'Reilly (2014)

El sacerdote irlandés John O'Reilly, condenado por abuso sexual contra una menor en el Colegio Cumbres, recibió una sentencia de apenas 4 años de libertad vigilada. La suavidad excesiva de la condena fue vista como un reflejo de la indulgencia que ciertos jueces tienen hacia individuos poderosos. La falta de firmeza generó desconfianza en su capacidad para castigar adecuadamente delitos tan graves.

3. Caso Emilio Berkhoff (2014)

Berkhoff, un activista vinculado a la causa mapuche y acusado de terrorismo, fue liberado varias veces a pesar de las graves acusaciones en su contra, incluida la posesión de armas y la participación en atentados. Los jueces mostraron una permisividad preocupante, dejando en libertad a un individuo que representaba una clara amenaza a la seguridad nacional.

4. Caso del "Robo del siglo" (2014)

En el "Robo del siglo", donde se sustrajeron más de 6.000 millones de pesos del Aeropuerto de Santiago, varios de los involucrados fueron liberados bajo medidas cautelares. Esta irresponsabilidad judicial permitió que algunos delincuentes quedaran prófugos. Su desempeño fue absolutamente deficiente en la protección de la sociedad.

5. Caso Maristas (2017 en adelante)

Este escándalo de abusos sexuales dentro de la Congregación de los Hermanos Maristas fue manejado de forma lamentable por el Poder Judicial, ya que muchas de las denuncias fueron declaradas prescritas. La falta de voluntad de los jueces para llevar a los responsables ante la justicia, dejó desprotegidas a las víctimas y perpetuó la impunidad.

6. Caso Jonathan Muñoz (2019)

Jonathan Muñoz, un delincuente reincidente, fue liberado bajo libertad condicional y, pocos días después, participó en un homicidio. Este es un claro ejemplo de imprudencia judicial, donde jueces liberaron a un criminal peligroso, lo que terminó en otra tragedia. Esto demuestra su falta de criterio y responsabilidad, poniendo en peligro a la sociedad.

7. Caso Corte de Apelaciones de Rancagua (2019)

Los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz fueron acusados de tráfico de influencias, cohecho y otras conductas inapropiadas, incluyendo consumo de drogas y prácticas esotéricas. Este escándalo mostró la profunda corrupción dentro del Poder Judicial, revelando cómo algunos jueces abusaron de su poder para obtener favores personales y beneficios económicos. Esto evidenció que la ética y el profesionalismo estaban seriamente comprometidos en la judicatura.

8. Caso "La Manada chilena" (2019)

En Puerto Varas, cinco hombres fueron acusados de violar a una joven, y los jueces, de forma irresponsable y negligente, les otorgaron libertad provisional. Optaron por decisiones que revictimizan a las víctimas, mostrando una desconexión con las necesidades de justicia de la sociedad.

9. Caso Francisco Frei (2019)

El hermano del expresidente Eduardo Frei, acusado de fraude y estafa, recibió un trato preferencial por parte del Poder Judicial. La lentitud y las decisiones indulgentes revelaron cómo los jueces favorecen a figuras de poder. Este es otro ejemplo de cómo la justicia en Chile se aplica de manera desigual, dependiendo de quién esté siendo juzgado.

10. Caso Tren de Aragua (desde 2019 en adelante)

El peligroso grupo criminal venezolano Tren de Aragua ha comenzado a operar en Chile, y los jueces han mostrado una falta de firmeza alarmante en la lucha contra el crimen organizado. Las decisiones judiciales que liberan a delincuentes de este calibre reflejan una negligencia extrema en un sistema que sigue mostrando grandes deficiencias en su capacidad de protección ciudadana.

11. Caso Hugo Bustamante (2020)

Hugo Bustamante, condenado en 2005 por un doble homicidio, fue liberado en 2016 bajo libertad condicional, a pesar de los informes que desaconsejaban su liberación. En 2020, volvió a matar, esta vez a la joven Ámbar Cornejo. Este caso refleja la negligencia judicial, donde jueces fallaron gravemente en proteger a la sociedad de un asesino reincidente.

12. Caso del Carabinero del Puente Pío Nono (2020)

En octubre de 2020, un carabinero fue acusado de haber empujado a un joven de 16 años desde el Puente Pío Nono durante una manifestación, lo que provocó que cayera al río Mapocho. A pesar de la presión mediática y los esfuerzos de fiscales y abogados ligados a grupos de izquierda por condenar al carabinero, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para acreditar que fue un empujón intencional. El carabinero finalmente quedó en libertad, lo que evidenció cómo la justicia, en ocasiones, se ve presionada por la opinión pública más que por el análisis objetivo de las pruebas.

13. Caso del Comandante Rodrigo Crespo (2021)

El comandante Rodrigo Crespo fue procesado por su actuación durante las protestas sociales y delictuales en Chile, y fiscales junto a abogados con reconocida militancia de izquierda intentaron condenarlo. Sin embargo, a pesar de la presión política y mediática, el tribunal determinó que Crespo no tenía responsabilidad directa en los actos de esa oportunidad, por su rol de mando y no de ejecución. Finalmente, Crespo quedó en libertad, demostrando que en ciertos casos, la justicia prevalece sobre la politización del proceso.

14. Caso San Antonio – Armas de guerra (2022)

En 2022, varios individuos fueron detenidos con armas de guerra en San Antonio, y algunos fueron liberados bajo medidas cautelares. Este caso refleja una irresponsabilidad judicial que pone en peligro a la ciudadanía, liberando a individuos peligrosos y demostrando una desconexión total entre sus funciones y la realidad de la seguridad nacional.

15. Caso del juez Mario Carroza – Caso Quemados (2015, reabierto)

El juez Mario Carroza decidió reabrir el Caso Quemados después de más de 30 años, basándose en testimonios tardíos y un reportaje periodístico. Ignorando el principio de "cosa juzgada", Carroza mostró un uso abusivo del poder judicial, priorizando la influencia mediática sobre la solidez de las pruebas.

16. Caso del juez Alejandro Solís Mesa – Condenas a exuniformados

El juez Alejandro Solís Mesa ha sido criticado por emitir condenas contra exuniformados simplemente por haber pertenecido al Ejército durante el régimen militar, sin pruebas concluyentes de su participación en crímenes específicos. Esto es un ejemplo claro de juicios politizados, donde el Poder Judicial actúa con parcialidad, imponiendo condenas basadas en la afiliación institucional más que en hechos concretos.

17. Caso Audios – Expulsión de la ministra de la Corte Suprema (2023 - 2024)

El reciente Caso Audios expuso a la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema, quien fue grabada en una conversación que insinuaba una posible manipulación de fallos judiciales. Este caso desató una crisis de confianza en el Poder Judicial y llevó a la expulsión de la ministra. Quedó claro que la corrupción y la manipulación política siguen siendo una amenaza dentro de la judicatura chilena, lo que generó un nuevo golpe a la credibilidad del sistema.

Conclusión:

Lo que estamos presenciando en el Poder Judicial chileno es más que una cadena de malas decisiones; es la evidencia de un escándalo de proporciones históricas que está corrompiendo una de las instituciones más fundamentales para el mantenimiento de la justicia en el país. No estamos hablando solo de irresponsabilidad, sino de un sistema que ha permitido cohecho, prevaricación y corrupción en niveles alarmantes.

Este grupo de poder, cuyos jueces perciben millonarios sueldos, que superan los 13 millones de pesos, ha demostrado que sus decisiones no responden a la imparcialidad ni al profesionalismo que deberían guiar sus acciones. Lo más alarmante es el daño irreparable que están causando a personas inocentes, muchas de las cuales han sido condenadas injustamente, ya sea por motivos políticos, conveniencia o presiones externas. Personas que ni por el contexto histórico, ni por su edad, ni por la responsabilidad directa que se les atribuye, deberían asumir condenas tan desproporcionadas. En muchos casos, ni siquiera se encontraban en los lugares donde se cometieron los hechos, y aun así, son castigadas con dureza bajo el pretexto de responsabilidad institucional.

La tecnología actual ha jugado un papel crucial en desenmascarar muchos de estos abusos judiciales, al dejar registros claros de los procedimientos donde se hace uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades para enfrentar delincuentes. Cámaras, grabaciones y dispositivos de rastreo han demostrado cómo, en muchos casos, las acusaciones de uso excesivo de la fuerza son infundadas, y cómo las fuerzas del orden actúan dentro de los marcos legales establecidos. Si estas herramientas hubiesen existido hace 50 años, muchas de las sentencias antojadizas y abusivas dictadas en la actualidad, por ciertos jueces no habrían prosperado. La capacidad de registrar hechos con precisión habría evitado que se condenara a personas que no eran responsables de los delitos que se les imputaban, preservando así el principio de justicia verdadera.

Los juicios politizados y la presión mediática de la izquierda han distorsionado la justicia, convirtiendo el análisis objetivo de los hechos en una cacería de brujas, sacrificando a cientos de exuniformados en el altar de la conveniencia política. Casos como el del carabinero del Puente Pío Nono y el Comandante Claudio Crespo muestran cómo, gracias a la tecnología, se ha podido desmentir acusaciones infundadas y demostrar el legítimo uso de la fuerza. Sin estos avances tecnológicos, estos casos habrían sido juzgados de manera muy diferente, y las falsas narrativas construidas por intereses políticos podrían haber triunfado, como sucedió en el pasado.

Este es un llamado urgente a la reflexión: si el Poder Judicial, en lugar de ser un guardián de la justicia, se convierte en una herramienta para ajustar cuentas o mantener cuotas de poder, estamos frente a una traición al espíritu republicano y democrático. Los jueces que han permitido este desvío ético y legal, en lugar de cumplir con su deber de defender la verdad y la justicia, han debilitado la confianza pública y destruido vidas en el proceso.

Hoy escuchamos voces para perseguir a todos los involucrados en el Caso Audio ¿y cuándo perguiremos a todos los involucrados en fallos que se ha condenado injustamente a exuniformados, con ficciones jurídicas, pasando por encima de la "cosa juzgada", falsos testimonios, montajes periodísticos, aplicando la ilegal retroactividad de la Ley, sin un debido proceso y no respetando los Derechos Humanos de los investigados y condenados?

Finalmente, ¿existe acaso algún juez o ministro, encargado de causas de derechos humanos contra exuniformados, que jamás haya recibido uno de "esos llamados" o que nunca haya tenido una visita cordial de algún personaje de la izquierda o del Partido Comunista en su despacho? 

Quizás los relatores (abogados y ministros de fe) actuarios, secretarios o escribientes podrían ilustrarnos sobre esta práctica tan peculiar, donde parece que todos en esas oficinas o juzgados respiraban el mismo aire viciado o nos van a mentir como aquellos que dijeron que nunca habían hablado con el abogado Luis Hermosilla, por solo ponerlo de ejemplo, como uno más de muchos otros casos.

Personalmente, recuerdo haber prestado declaración, de manera voluntaria, a favor de un exuniformado en una de esas oficinas, con un connotado abogado comunista, que no era ni es parte del Poder Judicial, cómodamente instalado en el escritorio de al lado. ¡Qué coincidencia más conveniente! Y ahora me pregunto: ¿cuándo se atreverán a reconocer formalmente que este tipo de influencias y maniobras no solo son éticamente reprobables, sino también un atentado contra el debido proceso, la transparencia y la imparcialidad judicial que exigen nuestras leyes y la propia Constitución? Quizás sea el momento de hacerlo presente... antes de que se inicie una investigación al respecto. O tal vez, para reparar la ignorancia o ingenuidad de quienes fuimos testigos de esas situaciones, sea la hora de denunciarlo.