CASO COOPER: "LA CASTA SE PROTEGE".

LA CASTA SE PROTEGE: LA URGENTE NECESIDAD DE UN INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.

Por Christian Slater Escanilla – Un Patriota sin Partido Político

Bajada:

Mientras la justicia se editorializa y el poder se blinda, los fiscales incómodos son removidos y los ciudadanos quedan indefensos. El caso ProCultura es mucho más que un escándalo: es la confirmación de que la democracia está siendo sustituida por un sistema de protección cruzada entre políticos, jueces y operadores. Ante este panorama, urge crear un organismo autónomo que defienda al ciudadano frente a la corrupción política institucionalizada.

I. La fundación ProCultura: fachada de una red.

Dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, ProCultura recibió miles de millones de pesos en convenios con ministerios como Cultura y Vivienda. Pero como tantas otras fundaciones, no está sola: la socióloga Josefina Huneeus, ex pareja del director de la Fundación ProCultura y con antecedentes personales y clínicos vinculados al poder político, ha abierto una hebra más profunda, que podría transformar este caso en el escándalo más grave desde el regreso a la democracia.

II. Romance, poder y protección: el triángulo que descompone al Estado.

Lo sucedido en las últimas 24 horas confirma lo que muchos temían: la justicia también empieza a moverse al ritmo de los intereses del poder político. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado por Huneeus. Aunque formalmente la investigación sigue en curso, el mensaje fue claro: cuidadito con tocar lo que esté cerca del Presidente, porque eso tiene consecuencias.

La sorprendente celeridad con que se resolvió el amparo –en menos de 24 horas y justo antes de la Cuenta Pública– no es casual. Es política. Es preventiva. Es un gesto: más vale humillarse con elegancia que arriesgar un roce con el poder político.

Así, el Fiscal Patricio Cooper fue removido. ¿Su pecado? Haberse acercado demasiado a la línea roja. Un país serio habría blindado a ese fiscal. Pero aquí lo blindado es el relato.

III. ¿Estamos ante una mafia institucionalizada?

Todo parece parte de una maquinaria aceitada: desvío de fondos públicos, blindaje mediático, control de daños desde La Moneda y ajuste del tablero judicial. Esta operación incluye ministros que sabían, autoridades que optaron por no ver, y cortes que, lejos de limitarse a juzgar, ahora editorializan.

IV. La cuenta pública será una comedia… con telón de acero judicial.

Mientras el país espera la Cuenta Pública, el gobierno ya ha asegurado que ninguna frase presidencial tenga que responder preguntas incómodas. El daño está hecho. La amenaza judicial ya no será la misma. Y aunque la investigación siga, lo que ha quedado claro es que el poder tiene precio y el precio es la impunidad.

V. Y los partidos políticos… ¿mirando al techo?

¿Y qué dirán los partidos políticos? ¿Y el Congreso? ¿Y los candidatos presidenciales? Silencio. En lo particular, espero —al menos— de la verdadera derecha una declaración fuerte, y una promesa: que si llegan al poder, designarán fiscales con dedicación exclusiva para perseguir a estos delincuentes.

Y más aún: urge crear un verdadero contrapeso institucional, un organismo autónomo que proteja activamente los derechos de los ciudadanos y el Bien Común, hoy secuestrado por una casta política sin vergüenza.

Podría llamarse: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CIUDADANO (INDEC). Podría perfectamente ocupar la infraestructura del INDH, hoy capturado por militantes disfrazados de técnicos. Pero esta vez, dirigido por ciudadanos con trayectoria ética, no por burócratas con sueldos millonarios.

VI. El Fiscal Nacional y su “interés público”: ¿a quién sirve el Ministerio Público?

La Fiscalía Nacional justificó la remoción de Cooper “en resguardo del interés público”. ¿Desde cuándo proteger al poder es sinónimo de interés público?

El Ministerio Público fue creado para investigar delitos, sin importar nombres ni apellidos. Así lo establece la Constitución y la ley. ¿Cómo se explica entonces que quien actúa con objetividad sea castigado?

Cooper —con más de 20 años de carrera y casos emblemáticos como el “Robo del Siglo” o Rojas Vade— fue removido justo cuando se acercaba al corazón del poder. No por incompetente. Por incómodo.

A propósito, resulta llamativo que otro profesional del derecho, Rodrigo Cooper Cortés, haya publicado una carta en El Mercurio advirtiendo sobre la judicialización ideológica y las “responsabilidades colectivas”. Tal vez sólo una coincidencia de apellidos. Pero, como escribí antes: no es necesario compartir apellido para entender que Chile necesita una justicia menos ideologizada y más justa con todos.

VII. El párrafo que lo dice todo.

En la página 44 del fallo, los ministros escriben:

“No solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal… sino que se han validado actuaciones policiales… propias de tiempos pretéritos de la República.”

Y luego rematan:

“No resulta admisible que, a casi 25 años de vigencia del sistema penal que nos rige, la Policía ejecute medidas intrusivas que no han sido dispuestas por el juzgador respectivo…”

Pero lo verdaderamente inaceptable es la ironía: esa misma justicia, que por 25 años ha mantenido un sistema inquisitivo contra exuniformados por causas de derechos humanos, hoy se escandaliza porque un fiscal actúa con decisión. ¿Cómo pueden ahora presentarse como defensores de garantías que ellos mismos vulneraron por décadas?

Comprenderán que no puedo dejar pasar esta valiosa oportunidad para criticarlos con toda la fuerza que corresponde. No por oportunismo. Por coherencia.

Chile no está gobernado por políticos. Está en manos de una pandilla. Y lo peor: una pandilla con poder, con recursos, con operadores judiciales, con rostros mediáticos que los defienden, y con un electorado cada vez más resignado.

Pero algunos aún no bajamos la cabeza. Porque mientras ellos se blindan, nosotros debemos decirlo:

Esto ya no es negligencia. Esto es saqueo institucional.